Malvinas: amplían denuncias a directivos de empresas petroleras
El Gobierno nacional anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del país. Las actuaciones se encuadrarán en las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.
La medida amplía las acciones comunicadas durante los últimos días. Las presentaciones no se limitarán a las compañías involucradas, sino que también podrán alcanzar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en las decisiones investigadas.
La Oficina del Presidente indicó que las nuevas actuaciones derivarán en ampliaciones de procesos judiciales que ya se encuentran en curso y en la apertura de otras causas penales. Hasta el momento no se difundió el listado completo de las personas que serán denunciadas.
El anuncio se suma a las medidas impulsadas contra compañías relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas. Entre los proyectos bajo análisis se encuentra Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y autorizado por el Reino Unido sin el consentimiento de la Argentina.
La administración nacional ya había informado presentaciones contra empresas vinculadas con esas actividades. La novedad de esta etapa es la intención de avanzar también sobre las responsabilidades personales de quienes intervinieron desde cargos directivos o administrativos.
La Ley 26.659 establece sanciones para personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de la autoridad nacional. Los hechos denunciados deberán ser investigados por la Justicia y las responsabilidades todavía no están determinadas.
La posición argentina sostiene que las actividades unilaterales sobre recursos naturales en las áreas en disputa afectan sus derechos soberanos. Naciones Unidas ha solicitado a la Argentina y al Reino Unido que eviten decisiones que introduzcan modificaciones mientras continúe pendiente la controversia.
La actualización tiene relevancia económica además de diplomática. Los proyectos en el Atlántico Sur involucran recursos no renovables y compañías internacionales, mientras el Gobierno busca aumentar las consecuencias jurídicas para quienes participen sin autorización argentina.